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Plan cannabis de la PDI deja multimillonarias pérdidas al crimen organizado en Los Vilos
Durante toda esta semana, los detectives de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, se desplegaron en medio de las quebradas de Caimanes y Quilimarí, al sur de la región de Coquimbo, con refuerzos provenientes de diversas unidades del país.
El Plan Cannabis 2022, intervino en la zona, tras la labor de análisis criminal e inteligencia policial de la unidad especializada de la PDI en Los Vilos, que detectó los puntos geográficos donde los cultivos crecen ocultos y en lugares de difícil acceso. El apoyo de la Brigada Aeropolicial, con el helicóptero de la institución, fue fundamental para lograr una labor efectiva y segura para la comunidad.
“Erradicamos cerca de 27 mil plantas vivas y más de 136 kilos de sumidades floridas de cannabis, que estaban listas para su comercialización. Este es un trabajo conjunto de varias unidades de la Policía de Investigaciones, coordinado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado con la Fiscalía, para erradicar la mayor cantidad de plantas que podamos ubicar aquí, ya que nos tiene muy preocupados por todos los delitos violentos que están conexos a esta actividad ilegal”, señaló el Prefecto Inspector Ricardo Gatica, Jefe de la Región Policial de Coquimbo.
Entre 1,5 y 2 metros de altura tenían las plantas resguardadas por los “temporeros” de la cannabis, personal que se encarga de vivir en campamentos habilitados entre los cultivos, y no sólo para cosechar, sino para proteger las plantaciones de la amenaza que representan otras bandas criminales, que buscan quedarse con sus significativos dividendos, además de advertir la acción policial.
“Las ganancias económicas que se dejarán de recibir, tras esta incautación, supera los 7 mil cuatrocientos millones de pesos. Vinimos a reconocer el trabajo de la Policía de Investigaciones en este procedimiento exitoso, y decir a las familias de la región que estén tranquilas, porque vamos a seguir trabajando con mano dura, respecto a una problemática que sabemos que está tremendamente presente y que tenemos que erradicar”, expresó el Delegado Presidencial, Ignacio Pinto, mientras presenciaba la incineración de las plantas y la cosecha de cannabis, en la comuna de Los Vilos.
El representante del Gobierno, advierte que la denuncia ciudadana es fundamental. “Cuando se ven situaciones que son extrañas, cuando ven vehículos de alta gama y propiedades, en algunos sectores, cuando ven que los negocios se están tornando lucrativos, se notan inmediatamente. Ese llamado anónimo de la comunidad, siempre es tremendamente valioso para iniciar las investigaciones y lograr procedimientos como los que estamos viendo hoy día, para alcanzar la seguridad que todos los vecinos se merecen”, expresó el Delegado Pinto.
Un rol estratégico contra el narcotráfico, dentro de la provincia de Choapa, y su persecución penal es la responsabilidad del fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez, quien tras este logro del Plan Cannabis de la PDI señaló que “esto no es aislado. No es un tema al azar sino que claramente es un tema constante y lamentablemente, como dijo el señor Delegado, esto en nuestra provincia ha ido en forma creciente. Por lo tanto, el compromiso está para poder seguir trabajando en forma clara, precisa y en ayuda a la comunidad. Solamente insisto en reconocer el trabajo de la Policía de Investigaciones que es bastante profesional y que ya nos tiene bastante acostumbrados a estos buenos términos o resultados, en relación a las grandes cantidades de incautaciones que se hacen en forma constante, donde hay detenidos por esta y otras incautaciones”, expresó el representante local del Ministerio Público.
El Plan Cannabis de la PDI tiene un alcance nacional y, sólo esta semana en el Choapa, impidió que alrededor de 1 millón 500 mil dosis no lleguen a su destino. Así, los detectives evitaron que la comunidad sufra otras consecuencias de los delitos violentos que están relacionados con el tráfico de drogas y, al incinerar esta producción, las pérdidas económicas para las organizaciones criminales se avaluaron, técnicamente, en cerca de 10 millones de dólares.
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